Redacción. La Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se ha reunido esta mañana con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para trasladarle sus avances en la redacción de las modificaciones del Decreto que regula la prestación andaluza al objeto de hacerla compatible con el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno central recientemente y recoger sus aportaciones. Ruiz ha coincidido con el Defensor en que es necesario modificar la norma para hacerla compatible y que cumpla con su objetivo de “ayudar a las familias más vulnerables”.
En este sentido, Rocío Ruiz ha apuntado que desde la Consejería que dirige “estamos trabajando en tres ejes fundamentales. Por un lado, la lucha contra la pobreza infantil, fomentando la partentalidad positiva y los programas de intervención en las familias”. Por otro, según ha apuntado la consejera, es necesario “poner el foco en la otra laguna que deja al Ingreso Mínimo, la inserción social y laboral, ya que cualquier renta o ayuda debe estar asociada a tener un empleo y un proyecto de vida”. Y, por último, Ruiz se ha referido a “los colectivos que han quedado fuera del Ingreso Mínimo, como los jóvenes extutelados, a los que hay que atender, sobre todo en Andalucía cuando tenemos un importante flujo de menores extranjeros no acompañados que, cuando cumplen la mayoría de edad, seguimos atendiendo”.
La máxima responsable de las Políticas Sociales en Andalucía ha agradecido la disposición del Defensor del Pueblo al diálogo y ha insistido en que en “en estos momentos es fundamental estar unidos para hacer frente a la crisis social derivada de la pandemia sanitaria”. Así, ha destacado el “diálogo permanente” con todos los colectivos del Tercer Sector, así como sindicatos y el resto de instituciones.
De igual manera, el Defensor del Pueblo ha dado traslado a la consejera de los últimos informes elaborados por la institución, tanto el informe anual como el del Defensor del Menor. Tanto Ruiz como Maeztu han coincidido que el coronavirus ha incrementado “la vulnerabilidad económica y social en gran parte de las familias andaluzas” y en la necesidad de articular medidas de manera conjunta para garantizar la atención de todos los colectivos.
