Junta y OCDE sellan su acuerdo para impulsar el desarrollo del sector minero andaluz

Redacción. La Junta de Andalucía y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han sellado su acuerdo para impulsar el desarrollo del sector minero andaluz. La firma de este convenio es el segundo paso tras la reunión que el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, mantuvo con responsables del organismo internacional en su sede de París a comienzos del pasado mes de marzo. 

El Gobierno andaluz tiene marcados entre sus objetivos la mejora de la actividad minera y, al mismo tiempo, el impulso de toda la industria y el tejido empresarial que la rodea. Para ello, se mantiene en contacto con los organismos autonómicos, nacionales e internacionales encargados de la gestión y difusión de los programas de colaboración para acometer acciones y proyectos de innovación, desarrollo tecnológico y modernización del sector minero, como par- te del desarrollo económico y social de Andalucía. En esa línea, Junta y OCDE llevan varios meses trabajando de forma coordinada en torno a este sector estratégico que genera miles de empleos directos e indirectos en la comunidad andaluza. 

En concreto, el objetivo de este acuerdo es estudiar el sector de la minería en Andalucía con el fin de disponer de una evaluación socio económica y de las recomendaciones que sirvan para proporcionar orientación para las políticas a desarrollar hasta el año 2030. 

Así, el convenio de colaboración recoge cinco objetivos: en primer lugar, realizar una evaluación actualizada del sector y la industria extractiva en Andalucía y su papel en la economía andaluza y española. En segundo lugar, evaluar la implementación hasta la fecha de la Estrategia Minera de Andalucía 2020 y proporcionar orientación para las medidas a impulsar hasta 2030. El tercer objetivo es aportar recomendaciones a nivel local, regional y nacional que permitan a Andalucía coordinar acciones futuras que maximicen los beneficios de esta actividad. Como cuarta finalidad se marca la creación de oportunidades para el intercambio de conocimientos y aprendizaje entre expertos de la OCDE, otras regiones mineras, el sector privado y las comunidades locales. Y en quinto lugar, contempla la visualización de la importancia de disponer de un área de política para las audiencias nacionales e internacionales y dar un im- pulso a los esfuerzos de reforma. 

Según se plasma en el acuerdo, la OCDE llevará a cabo el estudio con la colaboración de un equipo de trabajo local de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Tras remitir una encuesta a los principales actores de la industria extractiva en Andalucía, la OCDE desplazará una misión de expertos para re- copilar datos sobre el terreno. Después, completará la recogida de información, la analizará y elaborará un primer borrador del estudio, que se someterá a aprobación antes de ser publicado. 

El presupuesto para llevar a cabo esta actividad asciende a 121.438 euros, que aporta, en su totalidad, la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía. 

La política minera del Gobierno andaluz está orientada por la Estrategia Minera de Andalucía 2020, que promueve el aprovechamiento del potencial minero de la comunidad autónoma y el impulso a la industria extractiva, con el objetivo de lograr el desarrollo económico y social de un modo sostenible desde el respeto al medio ambiente y siguiendo las premisas de la Estrategia Europea sobre las materias primas. 

La Junta de Andalucía está igualmente comprometida con los objetivos de la Estrategia Europea de las Materias Primas para el desarrollo de la industria extractiva europea, como vía de garantizar el abastecimiento de materia prima mineral a la industria europea. 

Con la firma de este convenio, Junta y OCDE dan un paso más en una relación de trabajo coordinado que se viene alargando durante los últimos meses. El pasado mes de octubre, Sevilla acogió un workshop sobre minería en el que participaron la propia OCDE, la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, y miembros de gobiernos de países de todo el mundo, como Argentina, también interesados en compartir sus objetivos mineros con otras regiones.

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