España suspende en 10 de los 17 parámetros analizados por el Cuadro de Indicadores Sociales de la Comisión Europea, con un nivel especialmente crítico en abandono escolar (13,7%, frente al 9,5% de la UE); tasa de riesgo de exclusión social (26% en España y 21,5% en la UE); pobreza infantil (32,2% frente al 24,7% de la UE) y eficacia de las prestaciones sociales para la reducción de la pobreza (17% frente al 41% de la UE)
La Comisión Europea ha publicado la actualización de su Cuadro de Indicadores Sociales y los resultados para España son motivo de preocupación: no alcanza los estándares en 10 de los 17 parámetros analizados, evidenciando barreras estructurales en áreas fundamentales como la educación, la lucha contra la pobreza o la protección social. Estas deficiencias no solo agravan las desigualdades y la exclusión de las personas más vulnerables, sino que también plantean serios desafíos para garantizar el bienestar y la cohesión social de la población en su conjunto.
En este contexto, el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco ha analizado los datos presentados, ya que reflejan problemas estructurales que impactan directamente en el foco de su misión: la inclusión social y laboral de las personas que lo tienen más difícil, «Con este análisis queremos aportar información clave que resalte la urgencia de actuar, siendo las Administraciones Públicas y las empresas agentes estratégicos para promover un cambio real y duradero, que frene el avance de la pobreza y la exclusión social en España. La conclusión es muy clara: sin una apuesta seria por empleo inclusivo y sostenible en el tiempo, no se puede hacer frente a los niveles de exclusión social de nuestro país», afirma Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.
Pobreza, abandono escolar y mayor eficiencia de las políticas sociales: focos prioritarios
De todos los indicadores analizados, son cuatro los que presentan un nivel de riesgo y/o criticidad especialmente acusada: abandono escolar (13,7%, frente al 9,5% de la UE); tasa de riesgo de exclusión social (26% en España y 21,5% en la UE); pobreza infantil (32,2% frente al 24,7% de la UE) y eficacia de las prestaciones sociales para la reducción de la pobreza (17% frente al 41% de la UE).
«El gran desencadenante del desequilibrio entre España y Europa es el desempleo y la baja intensidad de trabajo en los hogares españoles, que limitan gravemente el acceso a recursos educativos, incrementa la presión socioeconómica de las familias y perpetúa la pobreza, derivando en abandono escolar, exclusión social y un ciclo intergeneracional de desigualdad. Frente a esta situación, es urgente e imperativo fortalecer el modelo productivo y priorizar políticas activas de empleo que dinamicen el mercado laboral y capaciten a las personas en competencias con alta demanda, conectándolas con los nichos de empleo emergentes. Por el contrario, una extensión prolongada de los subsidios, sin un enfoque claro hacia la empleabilidad, puede ocasionar dependencia, potenciar la economía sumergida y generar desvinculación del mercado laboral, incrementando la vulnerabilidad de los hogares en España», señala Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.
Dicho de otro modo, el empleo es motor clave para mejorar el nivel de riesgo y/o criticidad de estos cuatro indicadores. En primer lugar, es un elemento crucial para reducir el abandono escolar porque proporciona estabilidad económica y reduce los riesgos psicosociales y emocionales en los hogares (entre otros) facilitando un entorno que favorece la continuidad educativa de los menores. Por otra parte, es innegable que desempleo y exclusión social van de la mano. De esta forma, la inclusión laboral es crítica para reducir la tasa de pobreza (general e infantil), porque asegura ingresos estables que mejoran las condiciones de vida, garantiza el acceso a recursos básicos y rompe el ciclo intergeneracional de exclusión social. Por último, el empleo es el principal mecanismo de protección social porque proporciona autonomía económica, promueve la inclusión social y genera recursos para financiar sistemas de bienestar, mientras que los subsidios, si no van acompañados de medidas que incentiven la búsqueda de empleo, no promueven la autosuficiencia en el largo plazo y provocan estancamiento.
Desigualdad de ingresos y «Ninis»: la situación requiere vigilancia
La desigualdad de ingresos y los «Ninis» (jóvenes que ni estudian ni trabajan) presentan un nivel «naranja» de riesgo, lo que indica la necesidad de vigilancia, porque siguen presentando ratios muy elevados con respecto a la UE.
En primer lugar, en cuanto al indicador de desigualdad de rentas, que evalúa la proporción de los ingresos totales percibidos por el 20% más rico de la población frente al 20% más pobre, cabe destacar que España presenta un alto porcentaje, del 5,5%, mientras que en Europa esta cifra desciende al 4,7%,
A este respecto, Francisco Mesonero señala que: «Promover el empleo entre las personas en riesgo de exclusión social es esencial para reducir el desequilibrio en el nivel de ingresos y el poder adquisitivo de las familias españolas y solo así se puede avanzar para reducir la desigualdad en España. Cuando facilitamos su acceso al mercado laboral, no solo estamos generando oportunidades de progreso personal, sino también fortaleciendo la redistribución económica, rompiendo ciclos de pobreza estructural y promoviendo una cohesión social indispensable para el desarrollo sostenible. El empleo no es solo un medio para obtener ingresos, sino una herramienta poderosa para transformar vidas y atajar de raíz las desigualdades económicas«.
En lo que respecta a los «Ninis» o jóvenes que no tienen trabajo y/o no siguen ningún tipo de formación, es innegable que el empleo es un activo clave para sacarlos de la exclusión social y reintegrarles en el tejido económico y comunitario. «El trabajo no solo les proporciona ingresos, sino que también les otorga propósito, estructura y pertenencia. Estos jóvenes, a menudo atrapados en un círculo de desmotivación y falta de oportunidades, encuentran en el empleo una vía para desarrollar habilidades, construir redes sociales y ganar confianza en su capacidad para contribuir a la sociedad», asegura Mesonero.
El empleo en España tiene un rendimiento débil
Catalogados con un nivel de criticidad «amarillo» se encuentran los indicadores relativos al mercado laboral. Concretamente, el nivel de empleo en España también se mantiene en un valor inferior al de Europa (75,3%, frente al 70,5% de la UE), mientras que la tasa de paro (12,2%) y el desempleo de larga duración en nuestro país (5,1%) duplican el valor medio de Europa (6,1% y 2,4%, respectivamente), siendo elementos catalogados con un nivel de riesgo que indica un bajo rendimiento, por debajo del promedio europeo.
Son muchos los desencadenantes de las elevadas cifras de desempleo en España, destacando dos factores clave: el desajuste entre las habilidades que demandan las empresas y las competencias de los profesionales y la rigidez del mercado laboral.
Ante esta realidad, Mesonero subraya que: «Resulta fundamental impulsar la confianza empresarial, proporcionando incentivos, ayudas y orientación a las empresas para generar oportunidades a personas vulnerables y empleos sostenibles, inclusivos y de calidad. Así se podrá reducir la economía sumergida y mejorar las condiciones de las personas trabajadoras. Por ello, no hemos de dejar de poner el foco en desarrollar políticas activas de empleo, fomentar un mercado de trabajo flexible donde se combinen garantías sociales para personas vulnerables, y, sin duda alguna, reforzar los sistemas de formación y recualificación de profesionales tanto en situación de búsqueda de empleo como aquellos que están ocupados. Sin un nuevo modelo de formación para el empleo, actualizado y sensible a las necesidades reales de las empresas y de las personas, será muy difícil que España sea un país competitivo».
Asimismo, el directivo señala que: «es muy importante que las personas que encuentran más dificultades profesionales como aquellas con discapacidad, las familias monoparentales o numerosas, mujeres en situaciones de violencia o las que superan los 50 años, tengan recursos a su alcance para poder trabajar si desean hacerlo. La colaboración público-privada se torna esencial para acompañar de forma individualizada a los demandantes de empleo con más dificultades, garantizando que pueden competir en condiciones de igualdad. Nuestro Estado del Bienestar necesita el talento de todas las personas para ser sostenible en el tiempo».
Por último, Mesonero destaca la urgencia de hacer frente a las elevadas cifras de paro juvenil: «Cuando una generación entera de jóvenes carece de oportunidades laborales se desperdicia capital humano clave, esencial para la innovación, la productividad y el crecimiento sostenible, además de potenciar la pobreza y el riesgo de exclusión de las personas más jóvenes, que deberían ser motor de nuestra economía. Se trata de un desafío estructural que afecta directamente al progreso económico y al posicionamiento estratégico de España en el entorno global».
Competencias digitales y brecha laboral de personas con discapacidad. España supera la media Europea
A pesar de que los resultados globales del Cuadro de Indicadores Sociales no son halagüeños, también existen razones para el optimismo, si se pone el foco en otras variables como las competencias digitales o la brecha laboral de las personas con discapacidad.
En el primer caso, la tasa de competencias digitales, España (66,2%) supera la media europea (55,6%). «Las competencias digitales de la ciudadanía son fundamentales para la prosperidad del país, constituyendo la base para adaptarse a las exigencias de un mercado laboral en constante transformación e inmerso en una revolución tecnológica sin precedentes. Una población digitalmente formada no solo mejora su empleabilidad, sino que también impulsa la productividad empresarial, fomenta la innovación y fortalece la competitividad en el contexto global. Que España se sitúe a la cabeza en este ámbito es una noticia a celebrar, que demuestra que se van dando pasos para avanzar hacia una sociedad más preparada para los retos del futuro».
Por último, es significativo que la brecha laboral de personas con discapacidad en España (de 13,8 puntos porcentuales) presenta mejores cifras que las registradas en la UE (21,5 puntos porcentuales). «En los últimos años, España ha logrado reducir esta brecha, gracias a la mayor eficiencia del marco normativo y al compromiso cada vez mayor de las empresas con la plena inclusión de las personas con discapacidad, en el marco de sus estrategias de Diversidad, Equidad e Inclusión. Sin embargo, son muchos los retos por delante, algunos de los más acuciantes la escasa participación laboral de las personas con discapacidad (de apenas el 35%), su concentración en el ámbito protegido o Centros Especiales de Empleo o la infrarrepresentación de personas con discapacidades intelectuales y/o mentales en las empresas ordinarias», explica Mesonero.
